Informes y certificados médicos

En su momento tratamos, en términos generales, de la Burocracia médica en la Atención Primaria de Salud como factor determinante de la presión asistencial y del tiempo disponible para cada paciente. Particularmente, citamos los informes y certificados médicos como elementos integrantes de la misma, muchos de los cuales consideramos que habría que revisar o incluso eliminar, por suponer una rémora en la atención sanitaria. Y volvemos a retomar esta problemática

Pero antes de adoptar una actitud severa, permitidme una licencia humorística definiendo el certificado médico:

Documento médico-legal, generalmente solicitado por el paciente, a petición propia o de diferentes organismos, sin que suela constar motivación escrita, lo que despierta en el médico inquietud y dudas, salvo cuando se trata del de defunción. En uno ordinario, lo habitual es que te digan: “Vengo a que me cubra un certificado”, sin más. Y generalmente no es ni para quien lo pide, sino para un tercero ausente. En fin…

Esta es la definición ligera en mi particular Léxico sanitario de la atención primaria de una cuestión nada trivial pero convertida en rutina.

Se echa de menos en Hispania una normalización, un ordenamiento en este campo, que defina el valor de informes y certificados médicos y suprima los absurdos requerimientos a piñón fijo. Lejos de la normalización, solicitada año tras año, los facultativos seguimos expidiéndolos a regañadientes; en el caso de los certificados, muchas veces sin saber para qué ni para quién, conscientes de que se trata de documentos médico legales que entrañan una responsabilidad.

Es más, el problema se ha acrecentado en los últimos tiempos por dos razones fundamentales. Primera y más reciente, la Ley de Dependencia (Ley 39/2006), al generar nuevos informes médicos concretados en formularios sociales, estatales, autonómicos, provinciales y locales. Segunda, la Ley de Extranjería (Ley Orgánica 4/2000), por implicar mayor demanda de certificados médicos para regular la residencia de extranjeros, al parecer siguiendo indicaciones de Inmigración (Ministerio de Trabajo e Inmigración). Personalmente nunca he recibido solicitud por escrito, lo que me ha hecho dudar e indagar en busca de algún cambio en la norma establecida. Tradicionalmente, a un individuo procedente del exterior se le venía requiriendo una certificación de origen o se le hacía un reconocimiento en las dependencias de Sanidad Exterior, por facultativos preparados para tal fin, en aplicación del Reglamento Sanitario Internacional. Por eso me preguntaba si entrado el siglo XXI ya no era así.

El grupo AntiBurocracia de Madrid recoge y resuelve esta duda en dos documentos, uno con la consulta sobre el particular que en su momento presentó un médico a la Asesoría Jurídica y el otro con la respuesta, que es clara: en base a la normativa, “el certificado debe ser expedido en el país de procedencia o someterse a reconocimiento médico por los servicios sanitarios españoles competentes a su llegada, en la frontera, con el fin de acreditar que no padecen ninguna de las enfermedades cuarentenables contempladas en el Reglamento Sanitario Internacional”. Esto es lo que indica el artículo 25 (Requisitos sanitarios) del Real Decreto 864/2001, por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de Ley Orgánica 4/2000 o Ley de Extranjería, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Por lo tanto, la actuación correspondería a los Servicios de Sanidad Exterior y no a los de Atención Primaria.

Es de lamentar que hasta el momento la Administración sanitaria no haya simplificado los informes médicos ni aclarado totalmente la cuestión de los certificados médicos, tratándose de rémoras burocráticas del sistema sanitario. Sólo parece haber quedado claro que la emisión de certificados de aptitud (laboral, conducción de vehículos, patroneo de yate, deportes…), los cuales requieren de la realización previa de pruebas específicas de capacitación, no compete a la sanidad pública. Así, los de aptitud laboral* competen a la medicina del trabajo, los de aptitud para la conducción de cualquier vehículo a los centros psicotécnicos y los de aptitud deportiva a la medicina deportiva. De ahí que los facultativos hayan decidido organizarse en grupos como el susodicho, para tratar de poner un poco de orden en medio del maremágnum.

*v. Valoración de la aptitud para trabajar

Definiciones de estos documentos según la Organización Médica Colegial:

Informe médico es el documento mediante el cual el médico responsable de un paciente, o el que lo ha atendido en un determinado episodio asistencial, da a conocer aspectos médicos relacionados con los trastornos que sufre, los métodos diagnósticos y terapéuticos aplicados, y, si procede, las limitaciones funcionales que se puedan derivar. Sirve para dejar constancia de un estado de salud, incluso anterior al de la fecha de petición; por tanto su vigencia no está limitada a un periodo de tiempo. Su petición puede estar vinculada a motivos de interés particular o de orden legal o público.

Certificado médico o certificación es el documento expedido por el médico con el fin de dejar constancia del estado de salud, enfermedad o asistencia a un paciente. Se extiende a petición de la parte interesada (paciente, persona a la que el paciente autoriza por escrito o representante legal acreditado). Sirve para dar fe de un estado de salud actual y contemporáneo, lo que se refleja en la fecha de petición y expedición del documento.

En informes y certificados hay que poner orden, como hacía Mozart en su música...

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Respecto a los denominados "justificantes", dejo enlace a interesante artículo:

Justificantes y otras cosas

Anexo

Resumen de procedimientos burocráticos

con los que procede o no que haga el médico de familia

[En Andalucía, muy post. a este post.]