Desigualdad de trabajadores públicos

Una consulta de centro de salud. El SEÑOR ABATIDO, un paciente, y el DOCTOR PARATODO, su médico de cabecera. Por supuesto, personajes ficticios.

SR. ABATIDO. Doctor Paratodo, necesito que me haga un informe sobre mi dolencia. Tiene que poner lo que me marcaron aquí, en esta hoja. (Le enseña al galeno una instrucción de la Universidad.)

DR. PARATODO. (Ojeando la instrucción.) Pero si usted ya está de baja y se le han dado los impresos que la justifican... Y, como es lógico, consta el motivo. Codificado, claro, por la normativa sobre protección de datos. 

SR. ABATIDO. Sí, pero... ¡es para que no me descuenten nada!

DR. PARATO (Centrado en la instrucción de marras.) Pues... Espere un momento, señor Abatido, que voy a comprobar esto.

El DOCTOR PARATODO duda de la legalidad de lo que le pide el SEÑOR ABATIDO y, estupefacto, se va a comentarlo con un compañero.

Sabemos que no todos los colectivos de trabajadores hacen respetar sus derechos o sus condiciones laborales de la misma manera. Que no es igual el impacto informativo de unos y de otros cuando, por ejemplo, proclaman una huelga. Que la actividad de unos y de otros no tiene la misma influencia social. Que los sectores privados y públicos tienen reglamentaciones diferentes. Pero lo que no parece de recibo es la desigualdad existente entre colectivos públicos. Y si nos centramos en los tres pilares sociales básicos, comprobamos esta chocante realidad. Justicia, Educación y Sanidad no se contemplan de igual modo desde afuera ni existe la misma unión entre sus miembros. Los jueces, siendo relativamente pocos, acaparan la atención de los medios. Los docentes cuando tienen que reivindicar algo, unidos, enseguida son una piña y sus movilizaciones salen en portada. Y los sanitarios, al contrario que jueces y maestros o profesores, raramente logran ponerse de acuerdo y encauzar su energía hacia objetivos legítimos.

Viene a cuento todo esto por lo siguiente. Hemos sabido por un trabajador de la Universidad de Vigo, en situación de incapacidad laboral (de baja, en otras palabras), que en el ámbito laboral universitario gozan los trabajadores de determinadas excepciones a los descuentos en nómina por dicha contingencia (ver: Instrucción Xerencia da Universidade de Vigo), más allá de lo decretado por el gobierno estatal en 2012. Hasta aquí, cabría aplaudir un supuesto logro de los representantes sindicales de los trabajadores de educación, al menos de los del ámbito universitario. Pero, como hemos visto en el diálogo dramatizado del principio, es preciso un procedimiento burocrático. En tales casos, además de la baja laboral habitual, se requiere el informe de un médico del sistema público de salud, en la práctica el médico de familia, quien, de modo agraviante, no goza de tales ventajas. Increíble y desconcertante, ¿no les parece?

Y viendo esta situación tan injustamente desigual, se nos queda cara de…😳

Baby I'm A Fool - Melody Gardot