jueves, 22 de octubre de 2009

Racionalización del gasto farmacéutico

 
En demasiadas ocasiones se buscan soluciones a los problemas, se hallan y no se aplican por no perjudicar intereses propios o ajenos. En cuanto a la pretendida racionalización del gasto farmacéutico público, podemos transmitir algunas ideas generales, ya tratadas y debatidas en diferentes foros, pero que permanecen en el candelero.
  1. La financiación adecuada de los medicamentos. El ahorro como fin y el condicionamiento en la prescripción de fármacos “superiores” a otros más baratos, son medidas políticas que van contra la ética, pero tampoco es admisible la financiación de medicamentos inútiles o de dudosa eficacia.

  2. La “integración farmacéutica, a través de la medida (¿utópica?) de la integración efectiva de los profesionales de farmacia en el sistema. Se corregiría el desequilibrio mediante la justicia distributiva, pagando por el servicio dado y no por lo vendido, y sobre todo se evitarían las dispensaciones de conveniencia. Una alternativa sería la opción intermedia de la “liberalización” que propone la Plataforma para la Libre Apertura de Profesional (PLAFARMA)

  3. El copago farmacéutico, que los países de nuestro entorno aplican –y no sólo en este aspecto–, ha sido propuesto en varias autonomías. Hay fórmulas que impedirían el perjuicio de los más desfavorecidos: subida significativa de las pensiones, exención en crónicos de fármacos que precisan para tratar su enfermedad (aplicable también en los no pensionistas), redefinición del “punto negro” o cícero, desgravaciones fiscales, etc. Tengamos en cuenta que no sólo hay que considerar la cuantía de la pensión, sino también el patrimonio, y en los trabajadores en activo su situación laboral, social y familiar. Por eso, en principio, pienso que todos los enfermos crónicos deberían tener una aportación reducida o nula en lo que concierne a su/s dolencia/s, pero ¡ojo!: no en el resto de productos de farmacia usados en procesos puntuales; ya sabemos que lo que nada cuesta, en nada se valora. El despilfarro es incompatible con la calidad y, más tarde o más temprano, hará inviable la sostenibilidad del sistema. Pero una decisión tan transcendente habrá de pasar por el tan cacareado Pacto de Estado por la Sanidad, que nunca llega. 

  4. La modificación del sistema de prestaciones. Hemos de recordar que los funcionarios, acogidos a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), si bien participan en el copago farmacéutico aunque sean pensionistas –pagan siempre un porcentaje del importe de las recetas–, tienen la ventaja de las prestaciones complementarias: prestaciones dentarias (prótesis, empastes, etc.), prestaciones oculares (gafas, lentillas, etc.) y otras (audífonos, laringófonos, colchones antiescaras, etc.), con lo que “compensan” su aportación en el gasto de farmacia. Me pregunto si no sería factible hacer extensible el modelo de MUFACE a la generalidad.
***
 
No me parece justificado mantener el actual sistema de homologación de recetas, más conocido como visado de recetas, una peculiaridad hispánica mediante la cual farmacéuticos destinados a tal fin dan el visto bueno a determinadas prescripciones médicas, porque su finalidad puramente economicista ha entrañado resultados discutibles y porque genera molestias a usuarios y facultativos.

A la prescripción médica y el gasto consecuente ya me referí en un artículo anterior, un resumen de un pequeño estudio propio publicado en la revista médica Cadernos de Atención Primaria, editada por la “Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria” (Agamfec). Dejo el enlace al texto completo en formato PDF:

Nota sobre este estudio: la tabla 1 (Factores condicionantes de la PM y del GF) y la tabla 2 (Determinantes del uso racional de medicamentos) tienen sus contenidos intercambiados.

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