Peculiaridades de las recetas médicas en Hispania

Sobre la burocracia médica, entendida en el sentido negativo de la cuarta acepción del Diccionario de la Real Academia Española como “administración ineficiente a causa del papeleo, la rigidez y las formalidades superfluas”, y los principales elementos que la conforman –las recetas, la incapacidad temporal, los certificados y los justificantes de asistencia–, he hallado un buen análisis sintético realizado por un médico de familia. Ya hemos tratado en este blog esta cuestiones (entradas clave: Burocracia médica, Receta electrónica y gasto farmacéutico, Gestión de la incapacidad temporal, Informes y certificados médicos), establecidas en nuestro sistema sanitario como problemas inveterados a los que se les quiere dar una respuesta tecnológica en vez de lógica. Pero quiero centrarme en las peculiaridades de las recetas médicas en Hispania y reproduzco este apartado del susodicho estudio, subrayando en el texto lo que me parece más relevante o que sirve de introducción a alguna particularidad.

(Foto del blog El Supositorio)

LAS RECETAS, por José Luis Quintana Gómez (*)

La receta tal cual está organizada es un lastre para todo el Sistema Nacional de Salud. Lo primero que es necesario es redefinir el concepto de receta: la prescripción puede hacerse en cualquier papel en blanco con tal de que consten los requisitos que la ley obliga (nombre y apellidos del prescriptor, firma, número de colegiado...), con eso en cualquier farmacia le dispensan el fármaco; la receta oficial sólo añade el acceso al descuento que la ley reconoce como derecho de los pacientes. El valor que aporta la receta oficial no es otro que el de cupón de descuento para la farmacia. Por eso se ha vuelto imprescindible una receta por caja, porque en el fondo más que un documento de prescripción lo es de facturación. ¿Es posible la receta multiprescripción? Si, claro que sí, en un papel en blanco. Lo que no es posible (por el momento) es la receta "mutidescuento" porque no se adapta al sistema de cajas que es, en el fondo, su principal cometido. La receta oficial es un documento básicamente preconstitucional cuya información clínica útil es prácticamente ninguna; por eso casi todos los programas informáticos de consulta disponen de una "hoja de tratamiento" con información algo más útil para el paciente. Se reclama su reforma desde hace años para igualarnos a los países de nuestro entorno sin éxito ninguno (http://www.observatoriosanitario.org/). Se prefiere desperdiciar miles de horas de trabajo de los médicos y, seguramente, millones de los pacientes, a replantearse el sistema de descuento. Todos están cómodos, menos los médicos de atención primaria; aunque algunos de nosotros, con el paso del tiempo, también nos hemos acostumbrado.

La receta electrónica se anuncia como el remedio de todos los males. Indiscutiblemente es un salto importante para eliminar papel y consultas innecesarias, pero es necesario que los médicos que trabajan en hospitales, urgencias, ambulatorios, etc. dispongan de la misma y la usen. De todas formas una receta hecha "a mano" homologable a la de otros países como Gran Bretaña o Portugal que es multiprescripción y durante un tiempo (varios fármacos para un mes o un año) solucionaría igual el problema sin necesitar tanta tecnología, ni tanta inversión y además sería válida en las distintas autonomías. Hemos oído decir a responsables políticos que "la receta multiprescripción en papel es inviable", lo que realmente resulta inviable es tener gestores que se conforman con la situación actual, que regularmente anuncian soluciones que nunca llegan y que no tienen empacho en despilfarrar los recursos sanitarios. No obstante, mientras esperamos un poco de lucidez en los directivos sanitarios en este tema, es imprescindible que los compañeros especialistas (tanto en los hospitales, como en los ambulatorios de especialidades y en los servicios de urgencias) dispongan y usen los documentos en los que, por el momento, se hace la prescripción: la receta oficial. De esta forma se asumen las responsabilidades de las propias prescripciones, no se delega la burocracia en terceros y no se obliga a peregrinar a los pacientes tras los derechos que recoge la ley. También parece razonable el papel del médico de familia como integrador de los tratamientos de los distintos especialistas por su posición nuclear y su perspectiva del paciente. Pero, al menos, las primeras recetas tienen que ser facilitadas por el médico prescriptor en el caso de tratamientos prolongados o el tratamiento completo en casos de tratamientos de duración breve (por ejemplo antibióticos). Algo tan sensato se ha tenido y se tiene que conseguir mediante movimientos espontáneos de "insurrección" en muchas comunidades de España en lugar de ser producto de la reflexión y el acuerdo.

Mención aparte merece las llamadas recetas de diagnóstico hospitalario, fármacos que precisan un visado de inspección. Se trata de fármacos que el propio Estado impide que se puedan prescribir en un centro de salud, se supone que porque la indicación esta fuera de nuestras capacidades. Precisa un diagnóstico y una indicación en atención hospitalaria. Sin embargo, el especialista puede darle al paciente un informe y con ese informe podemos hacer recetas que el inspector visa. Es el mejor retrato de la situación de la prescripción en España. Pasaremos por alto (por no ser el objetivo del presente escrito) el criterio con el que se etiqueta a un fármaco como de diagnóstico hospitalario. Si yo no estoy capacitado para la indicación del fármaco es imposible que pueda recetarlo porque con mi firma me hago responsable del mismo, cuando el estado dice que no puedo serlo. Para remate, si el médico que no puede recetarlo en el centro de salud hace guardias en un hospital allí podrá prescribirlo y en su puesto de trabajo habitual no. Con los pediatras sucede lo mismo: pueden prescribir en el hospital lo que no pueden prescribir fuera. Tenemos que concluir que es el edificio el que capacita al médico para la prescripción. La medicación de diagnóstico hospitalario queda al margen del sentido común, de la responsabilidad legal de las decisiones médicas y del devenir de los tiempos y debe desaparecer lo antes posible. En otro caso debe derivarse la receta al que tiene la capacidad de prescribir el fármaco. Los distintos intentos de paliar el problema (visado electrónico, autovisado...) reflejan muy bien que se entiende por solución: en vez de arreglar el problema, construimos sobre él otra cosa que nos adentra más en lo absurdo y nos aleja del origen hasta volverlo lejano e inidentificable. El asunto no es cómo conseguir el autovisado, es resolver el sinsentido del diagnóstico hospitalario. No es posible sustituir la inteligencia y el sentido común con informática.

Las llamadas recetas de estupefacientes son otra de las herencias de tiempos pretéritos. Empecemos porque estupefaciente no es un concepto sanitario sino que pertenece al ámbito de lo policial o lo judicial, lo cual sugiere el origen de estas recetas. No es comprensible en los tiempos que corren (informática, códigos de barras, lectores...) que para recetar algunos opiáceos haya que hacer una segunda receta y menos de forma manual. Algunos gobiernos autonómicos han dispuesto normas para informatizar la impresión de la "receta de estupefacientes", pero es tiempo de adaptar las normas al siglo XXI.

Una situación particular que origina conflictos es la de las residencias de ancianos y situaciones asimilables. Se trata, en general, de pacientes especiales: no están ingresados como en los hospitales, pero tampoco suelen acudir al médico como el resto de los ciudadanos. Disponen de un médico que atiende en la propia residencia sus problemas de salud. En las más pequeñas pueden no tenerlo pero en general es un médico que es contratado y pagado por la propia institución. Salvo casos contados en las que la residencia es pública y dispone de talonarios de recetas, volvemos a tener el problema del descuento en la farmacia. Un médico hace la prescripción y otro rellena y firma cientos de recetas de pacientes a los que no conoce. Una situación incomprensible e irregular. O se actúa como un escribiente o, en una verdadera pirueta intelectual, se pretende que el médico que tiene talonario se comporte como el censor del que no lo tiene. En mi opinión, existen tres posibilidades:

• Se le da la posibilidad al médico de la residencia de tener talonarios oficiales y el médico del centro de salud queda desvinculado de esa población. Se eliminan de su población asignada.
• En la situación contraria, el médico del centro de salud, atiende como suyos a los pacientes de residencia. Los que lo necesitan se consideran pacientes para atender en domicilio y los que no acuden a su consulta. Esto quiere decir que habrá que dotar al médico del centro del tiempo y los recursos suficientes.
• Existe una vía intermedia en la que el médico de la residencia podría tener una vinculación especial con el centro que le permitiera de alguna forma participar de sus actividades y objetivos y a la vez acceder al sistema de prescripción para firmar las recetas de sus prescripciones.

Cualquier solución menos dejarlo como está.

Han existido y existen otras formas de aseguramiento en las que los pacientes pueden tener libre acceso a médicos especialistas de ejercicio privado pero el médico de cabecera tiene que ser del Sistema Nacional de Salud. ¿Por qué? Fácil: alguien tiene que hacer las recetas para el descuento de las farmacias. Lamentable. Un poco más: los pacientes del Instituto Social de la Fuerzas Armadas (ISFAS) o los de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) no tienen derecho a acceder a los circuitos de receta de crónicos porque siguen usando talonarios específicos y "a mano". ¿No parece lógico que usaran las mismas recetas con un distintivo para su peculiar aseguramiento?

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(*) El Dr. José Luis Quintana Gómez es médico de familia y coautor del blog A Tensión Primaria, y este escrito es una parte del artículo publicado como “LA BUROCRACIA EN ATENCIÓN PRIMARIA: UNA TONTERÍA ELECTRÓNICA NO DEJA DE SER UNA TONTERÍA”, que se abre con un aforismo de Peter Drucker que habría que tener siempre en cuenta: “No hay nada tan inútil como hacer eficientemente algo que ni siquiera debería haberse hecho”. Pero hasta ahora los gestores no han hecho caso de esta regla y la estulticia manda.